La resolución revoca la sentencia dictada en primera instancia, que había desestimado la demanda, y concluye que las limitaciones funcionales derivadas de una fibromialgia grado III, junto con las múltiples patologías asociadas, imposibilitan el desarrollo de cualquier actividad laboral en condiciones de continuidad, dedicación y rendimiento exigibles.

La trabajadora, que desarrollaba su actividad profesional como comercial, presentaba un cuadro clínico caracterizado por fibromialgia grave de larga evolución, con dolor musculoesquelético generalizado, fatiga intensa, alteraciones cognitivas, trastornos del sueño, parestesias y una importante limitación funcional.

A ello se añadían otras patologías relevantes, entre ellas espondiloartrosis cervical y lumbar, osteoporosis, hipertensión arterial, asma, síndrome de intestino irritable y neuralgia crónica, circunstancias que agravaban de forma significativa su capacidad funcional.

El propio informe de la Unidad Especializada de Fibromialgia reflejaba una escasa respuesta a los tratamientos médicos y concluía que la paciente presentaba una capacidad funcional muy limitada, recomendando evitar situaciones de estrés y sobrecargas físicas tanto en el ámbito personal como laboral.

La resolución supone un importante cambio respecto al criterio mantenido en primera instancia, ya que el Juzgado de lo Social había desestimado inicialmente la demanda al considerar que no concurrían los requisitos necesarios para reconocer una incapacidad permanente. Sin embargo, el TSJC, tras analizar el cuadro clínico y la jurisprudencia aplicable, concluye que las limitaciones funcionales de la trabajadora le impiden desarrollar cualquier actividad laboral con la continuidad, eficacia y rendimiento mínimos exigibles.

Esta resolución vuelve a poner de manifiesto la importancia de una adecuada defensa jurídica y de una sólida prueba médica en los procedimientos de incapacidad permanente.

Las enfermedades como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica o los síndromes de sensibilización central presentan una especial complejidad probatoria, ya que su reconocimiento no depende únicamente del diagnóstico, sino de demostrar cómo afectan realmente a la capacidad funcional de la persona.

Desde Molina Advocats seguimos trabajando para que las personas que sufren enfermedades incapacitantes puedan obtener el reconocimiento de los derechos que les corresponden cuando la Seguridad Social deniega injustamente la prestación.

La dirección jurídica de este procedimiento ha correspondido al abogado Enric Molina Barranco, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, quien obtuvo la estimación del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el reconocimiento de la Incapacidad Permanente Absoluta para su clienta.

La entrada 23/06/2026 El TSJ de Catalunya reconoce la Incapacidad Permanente absoluta a una trabajadora comercial con fibromialgia grave aparece primero en Fatiga crónica.

La reforma extiende la obligación de recibir notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos a determinadas personas físicas solicitantes o perceptoras de prestaciones de incapacidad temporal, así como cuando la notificación o comunicación se refiera a prestaciones por incapacidad permanente o lesiones permanentes no incapacitantes, y por ello se modifica el art. 4.1 c) de la Orden ISM/903/2020.

Se permitirá la notificación no electrónica cuando la entidad gestora no disponga de datos de contacto electrónico para avisar de la puesta a disposición de la notificación o comunicación en la SEDESS. En estos casos, junto con la notificación o comunicación, se informará a la persona interesada de que puede identificar un dispositivo electrónico para futuros avisos.

Entrada en vigor

La orden entrará en vigor el 01/09/2026, al establecerse un plazo de tres meses desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si bien se desconoce si se aplicará a todas las resoluciones que se dicten a partir de entonces o solo a los expedientes que se abran a partir de 01/09/26.

En la práctica, esta normativa exigirá prestar especial atención a los avisos y al acceso a la sede electrónica, tal y como se venía recomendando.

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La resolución, dictada el 24 de mayo de 2026, desestima el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y confirma íntegramente la sentencia dictada previamente por el Juzgado de lo Social de Sabadell, consolidando así el derecho de la trabajadora a percibir una pensión de incapacidad permanente absoluta.

La trabajadora presentaba un importante deterioro físico derivado de múltiples patologías de carácter crónico y degenerativo, entre las que destacan: Fibromialgia con afectación severa, Poliartropatía degenerativa generalizada, Hernias discales lumbares y cervicales, Espondilosis y osteocondrosis cervical, Poliartralgias generalizadas y Crisis osteomusculares persistentes desde hace más de diez años.

La Sala pone de relieve que la fibromialgia cursaba con afectación severa y que la trabajadora había sido derivada a la Unidad del Dolor, constatándose una evolución crónica y persistente de sus dolencias.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social sostenía que las limitaciones funcionales no alcanzaban la gravedad suficiente para justificar una incapacidad permanente absoluta.

Sin embargo, el Tribunal comparte plenamente la valoración realizada por la magistrada de instancia y concluye que las patologías acreditadas limitan a la demandante para desarrollar cualquier actividad laboral, independientemente de su naturaleza o exigencia física.

La sentencia destaca que la combinación de fibromialgia severa, poliartropatía degenerativa generalizada y múltiples afectaciones vertebrales constituye un cuadro clínico incompatible con el desempeño regular de cualquier profesión u oficio.

Este pronunciamiento vuelve a poner de manifiesto que, en los procedimientos de incapacidad permanente, no basta con acreditar un diagnóstico médico, sino que resulta esencial demostrar cómo las patologías afectan de manera efectiva a la capacidad laboral de la persona trabajadora.

En enfermedades como la fibromialgia o los procesos degenerativos generalizados, la controversia suele centrarse precisamente en la intensidad de las limitaciones funcionales y en su repercusión sobre la actividad profesional.

La trabajadora ha estado representada durante todo el procedimiento por el abogado Enric Molina, de Molina Advocats i Consultors, quien centró la estrategia procesal en acreditar la gravedad de las limitaciones derivadas de las patologías padecidas y su impacto real sobre cualquier actividad laboral.

Esta resolución supone un nuevo éxito judicial para el despacho en materia de incapacidad permanente y refuerza la línea jurisprudencial que reconoce el derecho a la incapacidad permanente absoluta cuando las dolencias crónicas y degenerativas generan una pérdida global de la capacidad de trabajo.

La entrada 03/06/2026 El TSJ de Cataluña confirma la Incapacidad Permanente Absoluta a una manipuladora de ropa afectada por fibromialgia severa y múltiples patologías degenerativas aparece primero en Fatiga crónica.

La resolución judicial supone un nuevo pronunciamiento relevante en materia de incapacidad laboral dentro de cuerpos policiales y vuelve a poner de relieve la importancia de valorar de manera individualizada el impacto real de las dolencias sobre profesiones de especial exigencia física, mental y emocional.

La sentencia destaca que la profesión de agente de policía requiere mantener unas capacidades físicas, cognitivas y psicológicas especialmente elevadas, dada la responsabilidad inherente a funciones vinculadas a la seguridad pública, la intervención operativa, la toma de decisiones rápidas y la atención continuada a situaciones de tensión.

En este caso, el tribunal considera acreditado que las limitaciones funcionales de la trabajadora afectaban de forma directa al correcto desempeño de sus funciones habituales, impidiendo desarrollar su actividad profesional con las garantías mínimas de eficacia, continuidad y seguridad exigibles en un cuerpo policial.

La resolución insiste en que la valoración de la incapacidad no debe limitarse únicamente a la existencia de diagnósticos médicos, sino analizar cómo dichas patologías repercuten de forma efectiva sobre la capacidad laboral real de la persona trabajadora.

En este caso la trabajadora estaba afectada entre otras patologías de Síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, así como comorbilidades asociadas.

Uno de los aspectos más relevantes del procedimiento ha sido la valoración de la prueba médica y pericial aportada durante el proceso judicial, elemento clave para acreditar la intensidad y persistencia de las limitaciones funcionales de la agente.

En procedimientos de incapacidad permanente, especialmente en profesiones de alta exigencia física o emocional, resulta fundamental acreditar no solo la enfermedad o patología existente, sino también la afectación concreta que ésta genera sobre las tareas habituales del puesto de trabajo.

La sentencia refuerza así la doctrina jurisprudencial consolidada que exige una valoración funcional individualizada y alejada de criterios meramente automáticos o administrativos.

Como sucede en muchos procedimientos de incapacidad permanente, el reconocimiento judicial llega tras la negativa inicial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que consideraba que las limitaciones de la trabajadora no alcanzaban el grado suficiente para el reconocimiento de la prestación.

Sin embargo, el tribunal concluye finalmente que las patologías acreditadas sí afectan de manera relevante y permanente a la capacidad profesional de la agente, justificando el reconocimiento de la incapacidad permanente.

La sentencia vuelve a recordar que la incapacidad permanente debe analizarse desde una perspectiva práctica y funcional, atendiendo a las exigencias concretas del puesto de trabajo y no únicamente a criterios médicos abstractos.

Desde Molina Advocats i Consultors valoramos muy positivamente esta nueva sentencia favorable, destacando la importancia de una estrategia jurídica especializada y de una adecuada preparación de la prueba médica y pericial en este tipo de procedimientos frente al INSS.

La entrada 11/05/2026 El TSJ de Cataluña reconoce la Incapacidad Permanente a una agente de los Mossos d’Esquadra aparece primero en Fatiga crónica.

La sentencia, dictada el 20 de abril de 2026 por la Sala de lo Social del TSJ de Baleares, desestima el recurso presentado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y confirma íntegramente la resolución del Juzgado de lo Social nº 2 de Palma que ya había reconocido la incapacidad permanente absoluta de la trabajadora.

La trabajadora presentaba un importante cuadro clínico derivado de un síndrome de sensibilización central, con diagnóstico de Fibromialgia,Síndrome de fatiga crónica,Sensibilidad química múltiple,Migrañas casi diarias,Trastorno adaptativo mixto,Problemas cervicales y radiculopatías,Fatiga física e intelectual intensa,Episodios de diplopía y limitaciones cognitivas, entre otras patologías.

La sentencia considera acreditado que la demandante no puede realizar tareas que impliquen,esfuerzos físicos, deambulación, destreza manual, atención y concentración, memoria y rendimiento mental, exposición a productos químicos, perfumes, desinfectantes o aerosoles.

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es que el tribunal no solo entiende que la trabajadora no puede ejercer como enfermera, sino que concluye que tampoco puede desempeñar trabajos “livianos”, sedentarios o de escasa exigencia física o intelectual.

La Sala destaca que las limitaciones funcionales afectan tanto al plano físico como cognitivo, anulando la posibilidad de desarrollar cualquier profesión con un mínimo de profesionalidad, eficacia y continuidad.

Además, el hecho de que la enfermera dispusiera de un puesto adaptado no modifica esta conclusión, sino que evidencia precisamente las dificultades persistentes para mantener la actividad laboral.

Durante el procedimiento, el INSS sostuvo que las limitaciones funcionales no estaban suficientemente objetivadas y defendía que la trabajadora todavía podía realizar actividades laborales sencillas o sedentarias.

Sin embargo, el TSJ rechaza este planteamiento y recuerda que la valoración de la incapacidad debe atender al impacto real y permanente de las dolencias sobre la capacidad laboral efectiva de la persona trabajadora.

La sentencia supone un nuevo pronunciamiento favorable en materia de incapacidad permanente defendido por Molina Advocats i Consultors y por el abogado Enric Molina, cuya estrategia jurídica se centró en acreditar no solo los diagnósticos médicos, sino especialmente la repercusión funcional de las patologías en la vida laboral diaria de la trabajadora.

Este tipo de resoluciones refuerzan la línea jurisprudencial que reconoce que patologías como la fibromialgia, la fatiga crónica o la sensibilidad química múltiple pueden dar lugar al reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta cuando las limitaciones son severas, persistentes y afectan de manera global a la capacidad laboral.

La sentencia pone de relieve la importancia de una adecuada prueba médica y pericial en procedimientos frente al INSS, especialmente en enfermedades donde la controversia suele centrarse en la objetivación de los síntomas.

La entrada 20/04/2026 EL TSJ de Baleares confirma la Incapacidad Permanente Absoluta de una enfermera afectada por Síndrome de Sensibilización Central aparece primero en Fatiga crónica.

La demandante, de profesión directora administrativa, ya tenía reconocida una incapacidad permanente total desde 2022. Sin embargo, el INSS consideró posteriormente que había mejorado, retirándole cualquier grado de incapacidad.

Durante el procedimiento judicial quedó acreditado que su estado de salud no solo no había mejorado, sino que había empeorado de forma significativa.

Entre las patologías constatadas destacan: Síndrome de Covid persistente con deterioro cognitivo leve, Fibromialgia y fatiga crónica, Arritmia cardíaca, Embolia pulmonar y Trastorno depresivo mayor

Además, la afectada presenta limitaciones funcionales severas, incluyendo la necesidad de uso de silla de ruedas, lo que impide el desarrollo de cualquier actividad laboral con un mínimo de eficacia y profesionalidad, incluso en tareas administrativas o sedentarias propias de su profesión.

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es el énfasis que realiza el juzgado sobre la importancia de los informes médicos emitidos por la sanidad pública.

El tribunal recuerda que estos informes tienen la consideración de documentos públicos administrativos, lo que implica que su contenido goza de una especial presunción de veracidad, especialmente en lo relativo a datos objetivos como pruebas médicas, evolución del paciente o diagnósticos clínicos.

Asimismo, la resolución destaca que no es necesario que estos informes sean ratificados en juicio para tener plena validez probatoria, y que deben prevalecer cuando resultan más completos, especializados o han seguido la evolución del paciente durante el tiempo.

El juzgado concluye que la situación clínica de la demandante le impide realizar cualquier tipo de trabajo, incluso de carácter sedentario, por lo que declara la incapacidad permanente en grado de absoluta, condenando al INSS al abono de una pensión equivalente al 100% de la base reguladora,

Desde Molina Advocats destacan la importancia de esta resolución, ya que refuerza el reconocimiento judicial del impacto real del Covid persistente y sus secuelas en la capacidad laboral de las personas afectadas.

El abogado Enric Molina subraya que “esta sentencia no solo reconoce una situación de incapacidad, sino que también refuerza el valor de la prueba médica pública como elemento clave en la defensa de los derechos de los pacientes”.

Este caso refleja el compromiso del despacho con la defensa de los derechos de los trabajadores y pensionistas, especialmente en situaciones complejas donde las enfermedades invisibles o de difícil valoración, como el Covid persistente, requieren una sólida defensa jurídica.

La entrada 14-04-2026 INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA RECONOCIDA PARA DIRECTORA ADMINISTRATIVA EN BARCELONA aparece primero en Fatiga crónica.

La persona demandante presentaba un conjunto de patologías que afectaban de forma significativa a su capacidad funcional, impidiéndole desarrollar no solo su profesión habitual, sino cualquier actividad laboral con un mínimo de continuidad, eficacia y rendimiento.

La valoración judicial ha tenido en cuenta tanto los informes médicos como la prueba pericial practicada, concluyendo que las dolencias tienen carácter crónico, persistente y limitante, justificando así el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo.

En este sentido, la estrategia jurídica seguida por Molina Advocats i Consultors ha puesto el foco en demostrar no solo el diagnóstico médico, sino también la limitación funcional efectiva, aspecto fundamental en este tipo de procedimientos.

Este nuevo pronunciamiento refuerza la línea jurisprudencial que exige analizar cada caso de forma individualizada, atendiendo a la capacidad residual real del trabajador, más allá de la mera existencia de enfermedades.

Tal y como destaca el abogado Enric Molina, “en los procedimientos de incapacidad permanente resulta esencial acreditar de forma rigurosa cómo las patologías afectan a la capacidad laboral efectiva, siendo la pruebas médicas objetivas y la pericial médica practicada en juicio un elemento decisivo”.

Desde Molina Advocats i Consultors valoramos positivamente esta resolución, que supone un nuevo reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras en situaciones de especial vulnerabilidad.

El despacho continúa consolidando su experiencia en el ámbito del Derecho de la Seguridad Social, ofreciendo asesoramiento especializado en procedimientos de incapacidad permanente.

La entrada 23/03/2026 Reconocida Incapacidad Permanente Absoluta en Canarias aparece primero en Fatiga crónica.

La sentencia de 27 de enero de 2026 analiza un caso en el que una persona reclamó una indemnización tras sufrir una trombosis mesentérica grave después de recibir una dosis de la vacuna de Janssen COVID‑19 Vaccine, complicación que requirió intervención quirúrgica semanas después de la inoculación.

El litigio se centraba en determinar si la aparición de efectos adversos tras la vacunación podía generar responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica encargada de ejecutar la campaña de vacunación.

Aunque en instancias anteriores se había reconocido una indemnización a la persona afectada, el Tribunal Supremo fija un criterio interpretativo diferente: no todos los efectos adversos derivados de una vacuna generan automáticamente responsabilidad administrativa.

El alto tribunal recuerda que la campaña de vacunación se desarrolló en un contexto excepcional de emergencia sanitaria internacional, tras la declaración de pandemia en marzo de 2020.

Durante este periodo, la estrategia de vacunación se desplegó a través del Sistema Nacional de Salud como una prestación sanitaria de carácter público, gratuita y voluntaria, con una dimensión tanto individual como colectiva.

En este sentido, la sentencia subraya que la Administración solo puede ser considerada responsable cuando exista un funcionamiento anormal del servicio público sanitario.

Según el criterio del Tribunal Supremo, la Administración podría responder únicamente cuando se acrediten circunstancias como:

• Mala praxis médica durante la vacunación.
• Actuaciones contrarias a la lex artis ad hoc.
• Falta de diligencia en la conservación o administración de la vacuna.
• Falta de seguimiento adecuado ante reacciones adversas.

En ausencia de estas circunstancias, la mera aparición de efectos secundarios no es suficiente para generar responsabilidad patrimonial.

El tribunal destaca además que los daños derivados de la vacuna en el caso analizado constituían un riesgo altamente infrecuente, lo que refuerza la idea de que no puede imputarse automáticamente a la Administración.

Asimismo, recuerda que en situaciones de crisis sanitaria puede operar el concepto de fuerza mayor, previsto en el artículo 106.2 de la Constitución y en la normativa sobre responsabilidad patrimonial de la Administración.

La resolución del Tribunal Supremo de España establece un criterio relevante para futuras reclamaciones relacionadas con la gestión de la pandemia: la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria no puede basarse únicamente en la existencia de un daño, sino que debe acreditarse una actuación contraria a la lex artis médica o un funcionamiento anormal del servicio público.

Este pronunciamiento refuerza la doctrina jurisprudencial que exige que el daño sea antijurídico e imputable a una actuación administrativa concreta, evitando que el sistema de responsabilidad patrimonial se convierta en un mecanismo automático de indemnización por los riesgos inherentes a determinadas intervenciones sanitarias.

La entrada El Tribunal Supremo limita la responsabilidad de la Administración por los efectos adversos de las vacunas contra la COVID-19 aparece primero en Fatiga crónica.

La trabajadora, con profesión habitual de trabajadora familiar, había sido declarada en octubre de 2023 en situación de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común.

Sin embargo, tras la interposición de la correspondiente reclamación previa y posterior demanda judicial, el tribunal ha considerado acreditado que las limitaciones funcionales superan el ámbito de su profesión habitual e impiden el desempeño de cualquier actividad laboral con un mínimo de rendimiento y continuidad.

La sentencia recoge un cuadro clínico severo y objetivado mediante prueba pericial médica, entre el que destacan,Síndrome de fatiga crónica grado III-IV,Fibromialgia grado III,Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple,Disautonomía con intolerancia ortostática (POTS),Mareo perceptual postural persistente,Disminución objetiva de la capacidad funcional (VO₂ máx. del 58%),Umbral de seguridad fisiológico de 2,5 METS,Malestar postesfuerzo objetivado

El juzgado otorga especial relevancia a la prueba pericial practicada en el juicio, que incorpora valoración funcional objetiva mediante prueba de esfuerzo y test de reserva aeróbica.

La resolución concluye que las dolencias son crónicas, persistentes y no susceptibles de mejoría funcional significativa, generando fatiga severa, dolor generalizado, intolerancia a la bipedestación, mareos e incapacidad para mantener un rendimiento laboral regular, incluso en trabajos sedentarios.

El tribunal declara a la demandante en situación de Incapacidad Permanente Absoluta para todo trabajo, condenando al INSS a abonarle una pensión vitalicia del 100% de su base reguladora

Esta resolución refuerza una línea jurisprudencial cada vez más consolidada: la valoración de la incapacidad permanente debe centrarse en la capacidad funcional real y residual del trabajador, no únicamente en el diagnóstico clínico.

En patologías como el síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia o la sensibilidad química múltiple, donde la limitación no siempre es visible pero sí objetivable mediante pruebas funcionales, resulta esencial una correcta estrategia probatoria. La sentencia demuestra la importancia de aportar informes médicos actualizados y pericial especializada que acrediten la afectación global y su impacto en la empleabilidad real.

La trabajadora , ha sido defendida por el abogado J. Enrique Molina Barranco, de Molina Advocats i Consultors, cuya estrategia probatoria y pericial especializada ha resultado determinante para acreditar la incapacidad absoluta.

La entrada 16/02/2026 La Sección Social nº 1 del Tribunal Instancia de Sabadell reconoce la Incapacidad Permanente Absoluta a una trabajadora familiar con síndrome de fatiga crónica y fibromialgia aparece primero en Fatiga crónica.

La sentencia destaca no solo por la gravedad de las patologías psiquiátricas de la actora, sino por la aplicación de la «doctrina del paréntesis» para validar su periodo de cotización.

El conflicto: Falta de cotización suficiente según el INSS

La demandante, cuya profesión habitual era la de monitora de comedor, solicitó la incapacidad permanente debido a un cuadro clínico complejo. Sin embargo, el INSS denegó inicialmente la prestación alegando que la trabajadora no cumplía el requisito de carencia específica.

Según el organismo, la actora acreditaba 6.421 días totales de cotización, pero solo 339 días dentro de los últimos diez años anteriores al hecho causante, cuando se le exigían al menos 711 días en ese periodo.

El magistrado ha corregido el criterio de la administración al aplicar la doctrina del paréntesis alegado en demanda por el letrado Enric Molina, que permite excluir del cómputo de los periodos de carencia aquellos intervalos en los que el asegurado no pudo cotizar por circunstancias de infortunio o ajenas a su voluntad.

En este caso, se probó que la mujer presentaba una patología psiquiátrica de larga evolución, que motivó un seguimiento especializado. El tribunal concluyó que su alejamiento del mercado laboral no fue una decisión voluntaria, sino que se produjo en un contexto de infortunio personal acreditado. Además, la actora mostró voluntad de trabajar al permanecer inscrita como demandante de empleo en diversos periodos.

El fallo judicial se fundamenta en la severidad de las dolencias de la trabajadora, entre las que destacan: Depresión mayor recurrente de intensidad grave, trastorno por angustia con agorafobia severa, que le impide realizar actividades fuera de casa sin acompañamiento, Fibromialgia, TCA y Síndrome de Sensibilización central.

La sentencia señala que este cuadro clínico es crónico, persistente y de mala evolución, lo que genera serias dificultades para realizar cualquier actividad laboral e incluso una vida cotidiana normalizada.

El magistrado ha determinado que las secuelas inhabilitan por completo a la trabajadora para toda profesión u oficio, declarando la incapacidad permanente absoluta. Como consecuencia, el INSS ha sido condenado a abonarle una pensión equivalente al 100% de su base reguladora con efectos retroactivos al 5 de febrero de 2025.

Esta resolución refuerza la jurisprudencia que aboga por una aplicación flexible y humanizadora de los requisitos temporales de cotización cuando existen causas de fuerza mayor, como la salud mental, que impiden la presencia continuada en el mercado de trabajo.

Esta sentencia refuerza la importancia de una defensa jurídica especializada en procedimientos de incapacidad, especialmente cuando existen problemas de salud mental que han impedido una cotización continuada.

Desde Molina Advocats estamos satisfechos con el resultado obtenido, fruto de una defensa jurídica rigurosa y comprometida con los derechos de nuestros clientes.

La entrada 27/01/2026 El Juzgado de lo Social nº 22 de Barcelona reconoce la Incapacidad Absoluta a una monitora de comedor aplicando la «doctrina del paréntesis» aparece primero en Fatiga crónica.