El Juzgado de lo Social nº 6 de Barcelona, estima íntegramente la demanda interpuesta frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), revocando la decisión administrativa que había eliminado previamente el grado de incapacidad de la afectada.

La demandante, de profesión directora administrativa, ya tenía reconocida una incapacidad permanente total desde 2022. Sin embargo, el INSS consideró posteriormente que había mejorado, retirándole cualquier grado de incapacidad.

Durante el procedimiento judicial quedó acreditado que su estado de salud no solo no había mejorado, sino que había empeorado de forma significativa.

Entre las patologías constatadas destacan: Síndrome de Covid persistente con deterioro cognitivo leve, Fibromialgia y fatiga crónica, Arritmia cardíaca, Embolia pulmonar y Trastorno depresivo mayor

Además, la afectada presenta limitaciones funcionales severas, incluyendo la necesidad de uso de silla de ruedas, lo que impide el desarrollo de cualquier actividad laboral con un mínimo de eficacia y profesionalidad, incluso en tareas administrativas o sedentarias propias de su profesión.

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es el énfasis que realiza el juzgado sobre la importancia de los informes médicos emitidos por la sanidad pública.

El tribunal recuerda que estos informes tienen la consideración de documentos públicos administrativos, lo que implica que su contenido goza de una especial presunción de veracidad, especialmente en lo relativo a datos objetivos como pruebas médicas, evolución del paciente o diagnósticos clínicos.

Asimismo, la resolución destaca que no es necesario que estos informes sean ratificados en juicio para tener plena validez probatoria, y que deben prevalecer cuando resultan más completos, especializados o han seguido la evolución del paciente durante el tiempo.

El juzgado concluye que la situación clínica de la demandante le impide realizar cualquier tipo de trabajo, incluso de carácter sedentario, por lo que declara la incapacidad permanente en grado de absoluta, condenando al INSS al abono de una pensión equivalente al 100% de la base reguladora,

Desde Molina Advocats destacan la importancia de esta resolución, ya que refuerza el reconocimiento judicial del impacto real del Covid persistente y sus secuelas en la capacidad laboral de las personas afectadas.

El abogado Enric Molina subraya que “esta sentencia no solo reconoce una situación de incapacidad, sino que también refuerza el valor de la prueba médica pública como elemento clave en la defensa de los derechos de los pacientes”.

Este caso refleja el compromiso del despacho con la defensa de los derechos de los trabajadores y pensionistas, especialmente en situaciones complejas donde las enfermedades invisibles o de difícil valoración, como el Covid persistente, requieren una sólida defensa jurídica.