
15/07/2026 Gran Invalidez para un enfermo de Fatiga Crónica
El Social nº 34 de Barcelona ha estimado íntegramente la demanda reconociendo el derecho de nuestro cliente a percibir una pensión de Gran Invalidez, tras
La resolución judicial ratifica íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, al considerar acreditado que la afectada presenta un cuadro clínico de extraordinaria gravedad que le impide desarrollar cualquier actividad laboral con un mínimo de continuidad, eficacia y rendimiento.
El TSJC rechaza los argumentos del INSS:
En su recurso, el INSS sostenía que algunas de las patologías psiquiátricas eran recientes y que todavía existían posibilidades terapéuticas.
Sin embargo, el Tribunal rechaza estos argumentos al constatar que la trabajadora llevaba más de dos años en situación de incapacidad temporal, había agotado el plazo máximo legal de 545 días y persistían importantes limitaciones funcionales, sin que en los hechos probados existiera ningún dato que permitiera concluir que las patologías fueran recientes o susceptibles de una recuperación próxima.
Por ello, la Sala confirma que concurren los requisitos legales para reconocer la Incapacidad Permanente Absoluta, manteniendo íntegramente la sentencia de instancia.
Esta resolución vuelve a poner de manifiesto que, en los procedimientos de incapacidad permanente, no basta con acreditar un diagnóstico médico. Lo verdaderamente determinante es demostrar cómo las patologías afectan a la capacidad real de trabajar.
En enfermedades como el Covid Persistente, la Fibromialgia, el Síndrome de Fatiga Crónica o el Síndrome de Sensibilización Central, resulta fundamental aportar informes médicos completos y pruebas objetivas que evidencien el impacto funcional y cognitivo que estas enfermedades producen en la vida laboral.
La defensa de la trabajadora fue asumida por Enric Molina, abogado de Molina Advocats, despacho especializado en procedimientos de Incapacidad Permanente y Seguridad Social.
Esta nueva resolución confirma la importancia de una estrategia procesal basada en una sólida prueba médica y pericial para lograr el reconocimiento de los derechos de las personas que sufren enfermedades complejas e incapacitantes.

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