El Juzgado de lo Social nº 28 de Barcelona ha dictado una importante sentencia por la que se reconoce la incapacidad permanente absoluta para todo trabajo a una trabajadora afectada por Covid persistente y múltiples patologías asociadas, revocando la decisión previa del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
La resolución judicial declara que el conjunto de dolencias acreditadas —entre ellas síndrome de Covid persistente, fibromialgia severa, síndrome de fatiga crónica, afectación cognitiva, dolor generalizado e insomnio crónico, entre otras— impide a la demandante desarrollar cualquier actividad laboral con un mínimo de profesionalidad y continuidad.
El INSS había denegado inicialmente la pensión al considerar que las lesiones no alcanzaban un grado suficiente de disminución de la capacidad laboral. Sin embargo, el juzgado concluye que la concurrencia y gravedad de las patologías, especialmente la fibromialgia severa y el Covid persistente, justifican plenamente el reconocimiento de la incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común.
La trabajadora ha estado asistida jurídicamente por el abogado Enrique Molina del despacho Molina Advocats, especializado en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Desde el despacho se destaca la relevancia de esta resolución, que refuerza el reconocimiento judicial de las graves consecuencias laborales que puede provocar el Covid persistente, especialmente cuando concurre con otras patologías de carácter crónico.
“Esta sentencia pone de manifiesto la importancia de una correcta valoración médica y jurídica del impacto real de estas enfermedades en la capacidad laboral de las personas trabajadoras”, señalan desde Molina Advocats.
Esta sentencia del citado juzgado de Barcelona, constituye un referente relevante para otros procedimientos en los que se discute el acceso a prestaciones de incapacidad permanente de personas afectadas por patologías complejas y de difícil diagnóstico.
Desde Molina Advocats reiteran su compromiso con la defensa de los derechos de las personas trabajadoras frente a resoluciones administrativas injustas, ofreciendo un asesoramiento especializado y personalizado en materia de incapacidad laboral y prestaciones de la Seguridad Social.