El Juzgado de lo Social nº 1 de Terrassa ha estimado una demanda contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y ha reconocido a una trabajadora, que desempeñaba funciones como Oficial Judicial, en situación de Incapacidad Permanente Absoluta derivada de enfermedad común. El fallo condena al INSS a abonar la prestación correspondiente.

La sentencia, dictada el pasado 27 de junio, considera acreditado que la afectada padece un conjunto de patologías físicas y psíquicas —fibromialgia con fatiga crónica severa, síndrome de sensibilización central, artrosis de manos, trastorno de ansiedad generalizada y un trastorno depresivo mayor grave— que le impiden desarrollar cualquier actividad laboral con un mínimo de eficacia, regularidad y profesionalidad. La magistrada ha dado especial valor a los informes médicos emitidos por el CSMA y por unidades especializadas en sensibilización central.

Como consecuencia, se reconoce el derecho a percibir una pensión del 100% de la base reguladora, con efectos retroactivos. No obstante, la resolución no es firme, y contra ella cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La trabajadora ha estado representada por el abogado J. Enric Molina Barranco, del despacho MOLINA ADVOCATS I CONSULTORS, quien ha valorado muy positivamente la resolución, subrayando que «la sentencia supone un justo reconocimiento a la realidad incapacitante que sufren muchas personas cuya sintomatología no siempre es visible ni comprendida».