El Juzgado de lo Social nº 2 de Terrassa ha estimado íntegramente la demanda y ha reconocido el derecho de nuestro cliente, peón de construcción de profesión, a percibir una pensión de Incapacidad Permanente Absoluta derivada de enfermedad común, revocando la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que únicamente le había reconocido una Incapacidad Permanente Total.
El INSS mediante resolución de 17 de octubre de 2025 había reconocido al trabajador una Incapacidad Permanente Total, tras desestimarse la reclamación previa presentada solicitando el reconocimiento de la absoluta, se interpuso la correspondiente demanda judicial.
Durante el procedimiento se acreditó mediante los informes médicos y la prueba pericial que el afectado presenta un cuadro clínico de especial gravedad, caracterizado por un ictus isquémico en la arteria cerebral media izquierda, con un deterioro cognitivo moderadamente grave, perfil vascular GDS 5 que afecta a la memoria, la orientación y el lenguaje, a ello se añade una rizartrosis bilateral con limitación funcional de ambas manos así como cefaleas frecuentes.
La sentencia destaca especialmente el empeoramiento de su estado cognitivo, pasando de un deterioro GDS 4 en marzo de 2026 a un GDS 5 en octubre de 2026, con dependencia para las actividades de la vida diaria. Los informes de neurología acreditan importantes dificultades de comprensión y comunicación debido a la afasia, olvidos frecuentes y desorientación incluso en lugares habituales. Asimismo señalan que no puede salir de su domicilio y regresar por sí solo, ni realizar actividades cotidianas como acudir al banco o ir a comprar. La pericial médica también confirma sus dificultades para comprender instrucciones, organizar y ejecutar tareas y resolver situaciones imprevistas, así como su necesidad de ayuda de terceras personas.
El Juzgado recuerda que la Incapacidad Permanente Absoluta no exige una imposibilidad física absoluta para realizar cualquier actividad, sino que debe valorarse si el trabajador conserva facultades reales para desempeñar una profesión con las exigencias mínimas de profesionalidad, rendimiento y dedicación. En este caso concluye que sus limitaciones cognitivas y funcionales le impiden desarrollar cualquier actividad laboral, incluso de carácter sedentario al no poder desenvolverse autónomamente ni organizar y ejecutar tareas con un mínimo de eficacia.
En consecuencia, la sentencia reconoce una Incapacidad Permanente Absoluta con derecho a percibir una pensión vitalicia con efectos económicos desde el 17 de octubre de 2025.
Esta resolución pone de manifiesto que en los procedimientos de incapacidad permanente resulta fundamental acreditar no solo los diagnósticos, sino también cómo las secuelas afectan realmente a las capacidades cognitivas, la autonomía personal y la posibilidad de desarrollar cualquier actividad laboral.
En Molina Advocats somos especialistas en procedimientos de Incapacidad Permanente y defendemos a trabajadores afectados por enfermedades y secuelas incapacitantes, acompañándolos durante todo el procedimiento administrativo y judicial para obtener el reconocimiento de sus derechos.
Enric Molina, abogado especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social dirigió la defensa jurídica de este procedimiento, logrando una nueva sentencia favorable para uno de nuestros clientes.