El pasado 24 de julio de 2024, la Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de Castilla y León resolvió reconocer en sentencia firme la INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA a una trabajadora que padece ciertas secuelas a raíz de sufrir el COVID-19; lo cual se conoce como Síndrome Post-COVID.

La trabajadora, cuya profesión habitual era la de diseñadora gráfica, sufre de cefalea crónica de perfil tensional y frecuencia diaria que no disminuye con ningún tratamiento, así como un trastorno adaptativo mixto reactivo y déficit cognitivo, ambos a raíz de padecer el COVID-19, y que provocan en la trabajadora dificultades a nivel atencional, déficit leve en reconocimiento de memoria verbal y déficits moderados en memoria verbal, limitación para actividades de responsabilidad elevada y/o estrés, y para tareas que precisen atención y concentración elevada y para elevados requerimientos de carga física.

En consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia consideró procedente declarar la INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA a la trabajadora, confirmando la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social por la cual se instaba al Instituto Nacional de la Seguridad Social a abonar a la trabajadora una pensión equivalente al 100% de su base reguladora de 1.889,92€.

En este sentido, tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Juzgado de lo Social estimaron que las dolencias que padece la demandante no solamente le obstan a desempeñar su profesión habitual como diseñadora gráfica, sino que además le impiden llevar a cabo cualquier otra profesión con un rendimiento adecuado y sin sacrificios extraordinarios, debido al malestar y dolor casi permanente que sufre esta.