La resolución judicial declara a la demandante en situación de incapacidad permanente absoluta, con derecho a percibir una pensión equivalente al 100% de su base reguladora,
La sentencia reconoce que la trabajadora padece graves secuelas funcionales y cognitivas que le impiden desarrollar cualquier actividad laboral con la debida continuidad, eficacia y rendimiento.
Entre las patologías acreditadas figuran síndrome de sensibilización central con fatiga crónica de grado intenso, diplopía binocular, disnea, vértigos posicionales, hipotiroidismo y síndrome de apnea del sueño, además de una limitación severa en la movilidad que le obliga a desplazarse con caminador.
El Juzgado destaca que estas limitaciones hacen inviable el desempeño de cualquier tarea laboral “con un mínimo de rendimiento, eficacia y dignidad”, y subraya que la exigencia de mantener una vida activa no puede interpretarse como capacidad para trabajar, sino como una recomendación médica orientada a preservar la salud general de la paciente.
El procedimiento ha sido dirigido por el letrado J. Enric Molina Barranco, director de MOLINA ADVOCATS, quien subraya la relevancia social y jurídica de esta resolución, así como la importancia de una defensa técnica especializada.
“Cada caso de COVID persistente presenta una complejidad clínica y jurídica propia. Requiere un conocimiento profundo de la normativa sobre incapacidad permanente y una valoración personalizada de las secuelas. Esta sentencia es un paso más en el reconocimiento de los derechos de quienes ven gravemente limitada su vida laboral por las consecuencias del COVID-19”.
Esta resolución supone un nuevo avance en el reconocimiento judicial del COVID persistente como causa de incapacidad permanente, sumándose a una línea jurisprudencial que empieza a consolidarse en los tribunales españoles. El fallo refuerza la necesidad de que las administraciones públicas y el sistema de Seguridad Social adopten criterios homogéneos y actualizados en la evaluación de este tipo de casos.
Con esta sentencia, MOLINA ADVOCATS reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales y de protección social de las personas trabajadoras, especialmente en situaciones de vulnerabilidad derivadas de enfermedades crónicas o discapacitantes.
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