Molina Advocats i Consultors, bajo la dirección del abogado J. Enric Molina Barranco, ha obtenido una importante resolución judicial que reconoce la incapacidad permanente absoluta derivada de contingencia profesional a una trabajadora afectada por Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple (SQM), entre otras patologías asociadas.

La Sentencia, dictada el 27 de octubre de 2025 por el Juzgado de lo Social nº 3 de Palma, estima íntegramente la demanda presentada en nombre de la afectada contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Mutua Universal, declarando que la enfermedad tiene origen profesional y reconociendo el derecho de la trabajadora a percibir una prestación del 100% de su base reguladora,

La sentencia constituye un nuevo avance en el reconocimiento jurídico del Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple como causa de incapacidad laboral, al considerar que las limitaciones que provoca —como la imposibilidad de exponerse a productos químicos presentes en la mayoría de entornos laborales— impiden el desempeño de cualquier profesión, incluso sedentaria

El juzgado valora de forma determinante los informes médicos del Servicio de Toxicología Clínica del Hospital Universitario Son Espases (HUSE), que acreditan la evolución de la enfermedad hasta un grado III-IV, y destaca que la única medida terapéutica posible es la evitación total del contacto con agentes desencadenantes, lo que resulta incompatible con cualquier actividad laboral.

A pesar de que Mutua Universal y la empresa de la trabajadora utilizó un detective para grabar a la trabajadora como iba a comprar, la jueza estimó las alegaciones del abogado J. Enric Molina Barranco, responsable de la defensa de la trabajadora, y sentenció que “el hecho de que la actora pueda llevar a cabo una vida normal, no implica que se encuentre capacitada para trabajar, pues para ello deben entrar en juego los criterios de habitualidad, profesionalidad, eficacia y rendimiento.”

Molina Advocats i Consultors reafirma con esta resolución su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras frente a la Administración y las entidades aseguradoras, especialmente en los casos de enfermedades profesionales complejas y de difícil diagnóstico como es el SQM.