El Tribunal de Instancia de Barcelona, Sección Social nº 10, ha dictado sentencia estimando la demanda interpuesta contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y reconociendo a la demandante, que ejercía como administrativa, una Incapacidad Permanente Absoluta para todo tipo de trabajo, derivada de enfermedad común.

La resolución judicial declara probada la situación clínica de la afectada, quien padece síndrome de fatiga crónica severo (grado III), fibromialgia grave, sensibilidad química múltiple y un trastorno adaptativo ansioso-depresivo, patologías que le provocan importantes limitaciones físicas, cognitivas y funcionales incompatibles con el desempeño de cualquier actividad laboral con un mínimo de continuidad, rendimiento y eficacia.

El INSS había denegado inicialmente la prestación al considerar que no existía una limitación funcional suficiente. Sin embargo, el Juzgado, tras analizar de forma detallada la documentación médica aportada, los informes de centros especializados y la prueba pericial practicada en el acto del juicio, concluye que las patologías presentan un grado de afectación grave y definitivo.

La sentencia subraya que, aun tratándose de enfermedades que no siempre cuentan con pruebas objetivas concluyentes, debe valorarse el conjunto de síntomas, su persistencia en el tiempo y su impacto real en la capacidad laboral de la persona, especialmente cuando existen informes médicos especializados que avalan la severidad del cuadro clínico.

Como consecuencia, el Juzgado reconoce el derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al 100 % de la base reguladora, con los efectos jurídicos y económicos correspondientes.

Este pronunciamiento supone un importante reconocimiento judicial para las personas afectadas por patologías como la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, y refuerza la necesidad de una valoración individualizada y rigurosa de cada caso más allá de criterios meramente administrativos.

El Equipo de Molina Advocats estamos satisfechos con este  nuevo éxito judicial  en la defensa de los derechos de las personas trabajadoras frente a resoluciones denegatorias del INSS.